PRIVATIZACIÓN

Los gobiernos conservadores del Reino Unido fueron pioneros de una política de privatizaciones sumamente activa entre 1979 y 1997. Esta política fue impulsada por la creencia en la eficacia superior de la propiedad privada y de los mecanismos del mercado frente a la provisión estatal, y en la convicción de que el gasto público “excluye” a la empresa privada. La misma tuvo lugar luego de un historial de inversión insuficiente en los servicios públicos en el Reino Unido.
Muchos de los servicios básicos fueron privatizados, entre ellos la distribución del agua, el gas y la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte (aéreo, ferroviario y de autobuses), así como las funciones de apoyo, entre otras, en todo el sector público, como la salud, la educación y la administración de los gobiernos central y locales. Asimismo, una gran parte de las viviendas de los gobiernos locales se transfirió a propietarios particulares u otros proveedores no gubernamentales de viviendas. La privatización también se extendió a la capacitación laboral, los laboratorios de salud pública y hasta la administración de las prisiones. El énfasis puesto en las pensiones y la atención de largo plazo a niños y adultos también se desplazó hacia la provisión privada.
Con los gobiernos laboristas a partir de 1997, el ritmo de las privatizaciones se ha enlentecido y el énfasis se ha puesto en cambio en la financiación y la administración privada de proyectos estatales como la construcción de hospitales y escuelas, en parte para limitar el endeudamiento público.
A pesar de que la opinión pública es contraria a esta política, los gobiernos del Reino Unido durante las dos décadas pasadas han permitido que las empresas privadas adquieran un papel clave a la hora de brindar servicios antes exclusivamente estatales. Los compromisos asumidos en tratados internacionales, como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la Organización Mundial del Comercio, limitaron la reglamentación nacional y podrían impedir en el futuro que los gobiernos británicos pretendan ejercer un control social sobre los servicios que son esenciales para la vida diaria de millones de ciudadanos.
Servicios básicos
La mayoría de los servicios básicos – agua y saneamiento, provisión de energía y telecomunicaciones fueron privatizados en la década de 1980.
A partir de las privatizaciones, la propiedad ha sido en muchos casos transferida y consolidada, por lo cual las empresas trasnacionales (a menudo radicadas fuera del Reino Unido) ahora controlan gran parte de las industrias de suministro de agua y energía.
En el transporte, la privatización de los trenes resultó desastrosa. Se impuso una estructura de propiedad privada fragmentada, lo cual desalentó la inversión necesaria para compensar décadas de descuido. La principal compañía de infraestructura (responsable de las estaciones, las vías y las señales) padeció reiteradas crisis financieras antes de colapsar finalmente en 2001. La privatización de los servicios de autobuses, de los cuales dependen mucho los grupos de bajos ingresos, llevó a la inquietud por los precios, el daño al medio ambiente y la pérdida de servicios de transporte en las áreas rurales.
Vivienda
En los años 80, los gobiernos conservadores emprendieron la ‘privatización’ de viviendas pertenecientes a autoridades estatales locales que las alquilaban a quienes no podían comprar o alquilar viviendas por cuenta propia. Se ofrecieron a la venta bienes inmuebles a sus inquilinos a precios inferiores a los del mercado. En conjunto, 2,4 millones de unidades de vivienda fueron vendidas entre 1979 y 2001, ya fuera a sus inquilinos u otros proveedores, como asociaciones de vivienda, dejando 2,75 millones de unidades bajo propiedad estatal.
Jubilaciones y pensiones
Los gobiernos conservadores redujeron el valor de las jubilaciones y pensiones básicas del Estado, comparadas con los niveles de ingreso, y redujeron a la mitad los derechos futuros por el plan estatal de jubilaciones de acuerdo a los ingresos, fomentando en su lugar planes de jubilación privada, por los cuales las personas realizan aportaciones a compañías privadas de seguros. La desconfianza resultante de la provisión de jubilaciones estatales ha dificultado revertir la tendencia hacia una mayor privatización.
El enfoque laborista
Desde 1997, los gobiernos laboristas (centroizquierda) limitaron el proceso de privatizaciones, flexibilizaron las políticas de tercerización obligatoria en los servicios centrales y locales del Estado, y ampliaron la legislación de protección al empleo.
A pesar de la continua oposición de sindicatos y otros grupos, el gobierno laborista sigue firmemente comprometido con los planes de financiación privados, los cuales considera esenciales para revertir la subinversión pasada en los servicios públicos.